Un análisis de la entrevista al Dr. Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura
Hace pocos días, el Consejo de la Judicatura del Ecuador tomó una decisión que reabrió el debate sobre la lucha contra la corrupción en el país: eliminar la unidad de jueces anticorrupción. Este grupo especializado, en funcionamiento durante los últimos cuatro años, tenía a su cargo el juzgamiento de alrededor de 44 tipos de delitos complejos, entre ellos peculado, cohecho, lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.
Para entender el alcance de esta medida, el Dr. Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien ofreció una lectura crítica de la decisión y de sus posibles consecuencias.
Una decisión con dimensión internacional
Según nuestro socio el Dr. Román, la creación de las unidades anticorrupción no respondió únicamente a una necesidad interna del país, sino a compromisos asumidos por Ecuador a través de tratados internacionales. De la misma manera en que existen políticas específicas frente a la violencia contra la mujer derivadas de acuerdos internacionales, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional también se enmarca en esa lógica de cooperación global. De hecho, el origen de estas unidades está vinculado a un programa internacional de asistencia contra el crimen organizado conocido como PACTO.
Por eso, para el Dr. Alvaro Román, eliminar estas unidades no solo tiene implicaciones locales: representa un distanciamiento del modelo internacional de lucha unificada contra la corrupción, lo que explicaría las reacciones de organismos internacionales, incluidos representantes de Naciones Unidas.
¿Menos carga de trabajo o más lentitud judicial?
Uno de los argumentos oficiales del Consejo de la Judicatura para justificar la medida fue que las unidades anticorrupción tenían menor carga procesal en comparación con otros tribunales. Sin embargo, el Dr. Álvaro Román cuestiona esa lectura: recuerda que los procesos vinculados a delincuencia organizada suelen involucrar a decenas de procesados, routinariamente entre 25 y 40, lo que exige tiempos y logística muy distintos a los de un juicio penal ordinario.
Como ejemplo, menciona el caso conocido como "Metástasis", que demandó cerca de un mes de audiencias continuas, y el caso "Aquiles", cuya diligencia pudo haberse cerrado en enero pero, tras cambios de jueces derivados de esta reorganización, se extendió hasta agosto. Para Román, este tipo de retrasos evidencian que trasladar estos casos a tribunales penales ordinarios, ya saturados de por sí, podría agravar el llamado "tortuguismo judicial" en lugar de resolverlo.
Entre lo técnico y lo político
Consultado sobre si esta decisión responde a un criterio técnico o a presiones políticas, nuestro socio el Dr. Álvaro Román fue cauteloso pero no descartó la posibilidad: "ojalá que no" sea una decisión política, señaló, dejando entrever que existen dudas legítimas al respecto. A su juicio, si la justicia empieza a responder a intereses políticos en lugar de criterios técnicos, se pone en riesgo la independencia judicial.
El Dr. Román también apunta a una deuda estructural del Consejo de la Judicatura: la falta de concursos de méritos para renovar distintas categorías de jueces, nacionales, constitucionales, anticorrupción, así como para fiscales, notarios y defensores públicos. En su opinión, la prioridad debería estar en fortalecer estos procesos de selección, no en desmantelar unidades especializadas que ya estaban en funcionamiento.
El problema del control interno
Otro punto abordado en la entrevista fue la polémica generada por jueces de estas unidades que se vieron involucrados en casos de corrupción. Román explica que el sistema de concurso abierto, exigido por estándares interamericanos derivados de fallos como "Quintana vs. Ecuador", busca garantizar procesos democráticos y transparentes de selección. Sin embargo, reconoce que esa misma apertura dificulta filtrar con certeza a quienes no deberían ocupar estos cargos, ya que herramientas como las pruebas de confianza no siempre resultan efectivas.
Para él, el verdadero desafío no está en el proceso de ingreso, sino en el control permanente una vez que los jueces están en funciones, lo cual requeriría una articulación más estrecha entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y organismos de inteligencia.
Fortalecer en lugar de eliminar
Román recuerda que, durante su gestión, la respuesta a una situación similar de sobrecarga no fue reducir la estructura judicial, sino ampliarla: se crearon nuevos tribunales y se incorporaron más jueces para anticiparse a los desafíos que, según él, ya eran previsibles desde 2024. En ese sentido, plantea que fortalecer estas unidades, en lugar de eliminarla habría sido una alternativa más responsable, considerando además que ampliar el número de jueces (a 50, según se menciona en la decisión) implica también resolver un tema no menor: la seguridad de quienes juzgan casos de alto riesgo vinculados a crimen organizado.
Una evaluación pendiente
Para Román, cualquier política pública de esta envergadura debería evaluarse con criterios claros antes de ser modificada: número de audiencias realizadas, tiempos de resolución, calidad de las sentencias emitidas y resultados concretos en la lucha contra la corrupción. A su parecer, reducir el análisis únicamente a la carga laboral es una mirada parcial que no refleja la complejidad real del trabajo que realizaban estas unidades.
Conclusión
La eliminación de la unidad de jueces anticorrupción en Ecuador abre un debate que va más allá de la reorganización administrativa: toca la independencia judicial, los compromisos internacionales del país y la capacidad real del sistema de justicia para enfrentar el crimen organizado. Mientras el Consejo de la Judicatura defiende la medida como un paso hacia la eficiencia, voces como la del Dr. Álvaro Román advierten que podría tratarse, en realidad, de un retroceso con consecuencias todavía difíciles de dimensionar.
Esta nota recoge los puntos centrales en la entrevista realizada por Hernán Higuera al Dr. Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Puedes ver la conversación completa en nuestro canal.