La eliminación de las unidades de los jueces especializados en anticorrupción y crimen organizado ha reabierto un debate de fondo sobre la capacidad del sistema judicial ecuatoriano para enfrentar al crimen organizado. En entrevista, el Dr. Álvaro Román Márquez, expresidente del Consejo de la Judicatura, analiza el origen de esta figura, sus fallas y los verdaderos problemas estructurales que arrastra la justicia en el país.
Una medida que la Judicatura llama "reestructuración técnica"
El Consejo de la Judicatura justificó la eliminación de los jueces especializados en anticorrupción y crimen organizado como una medida orientada a mejorar la atención de casos ante lo que denominan un "desequilibrio operativo". Según esta versión, permitir que otros jueces asuman estas investigaciones aliviaría la carga de trabajo acumulada.
Sin embargo, para el Dr. Álvaro Román, entender esta decisión requiere mirar hacia atrás: hacia cómo y por qué nacieron estas unidades especializadas.
El origen: una respuesta a las amenazas, no solo a la carga de casos
La creación de los jueces anticorrupción en Ecuador no fue una decisión aislada. Según explica el Dr. Román, el país siguió un modelo ya aplicado en Perú y contó con el respaldo de organismos internacionales dedicados a combatir el crimen organizado transnacional, además de asesoría de jueces de Costa Rica, Perú, España e Italia.
Pero el verdadero detonante, señala, fue la seguridad. Jueces que debían resolver casos de crimen organizado en las mismas localidades donde operaban las bandas criminales quedaban expuestos, sin protección permanente, mientras los fiscales llegaban con operativos de seguridad y luego se retiraban del lugar. Esa vulnerabilidad llevó a crear una jurisdicción nacional que permitiera trasladar a estos jueces a Quito, blindándolos frente a amenazas directas.
Una crisis de personal que no deja de crecer
Uno de los datos más contundentes de la conversación es el déficit de personal judicial: el propio Consejo de la Judicatura reconoce que faltan 735 jueces y 631 fiscales a nivel nacional. Y la cifra no es estática: crece con cada nueva destitución, lo que agrava aún más la presión sobre quienes permanecen en funciones.
Román pone un ejemplo concreto de cómo la corrupción interna ha golpeado a estas unidades: en el llamado caso Purga, de 16 jueces que trabajaban en una sola unidad, siete fueron detenidos, dejando apenas ocho en funciones. A esto se suman casos como el de los jueces suspendidos por el caso Goliadas —Silvia Velasco, Bayron Uzcátegui y Willer Choez— tras revocar la prisión preventiva de los hermanos Álvarez, y procesos disciplinarios contra otros jueces de la misma unidad anticorrupción.
Protección desigual: entre funcionarios y jueces amenazados
Uno de los puntos más críticos de la entrevista es la denuncia sobre cómo se distribuye la seguridad del Estado. Según el Dr. Román, mientras algunos funcionarios del Ejecutivo —sin siquiera rango de viceministro— cuentan con hasta diez escoltas, jueces con amenazas comprobadas de organizaciones criminales deben esperar semanas para que se apruebe un estudio de riesgo, que en varios casos termina siendo negado.
Además, menciona el caso del exjuez Serrano, quien denunció públicamente no haber recibido el esquema de protección necesario tras ser amenazado por un integrante de una mafia albanesa.
Infraestructura judicial: la otra cara de la crisis
Más allá de las amenazas, la entrevista expone un problema de infraestructura poco visibilizado. De 245 unidades judiciales en el país, 124 se encuentran en condiciones inadecuadas y apenas 34 están en buen estado.
Román explica el mecanismo detrás de este deterioro: cuando el Consejo de la Judicatura solicita presupuesto de mantenimiento al Ministerio de Finanzas, la respuesta suele ser que lo ingresen como "proyecto de inversión". El problema es que este tipo de presupuesto se ejecuta una sola vez y, una vez concluida la obra, desaparece el financiamiento. El mantenimiento permanente —el que evita que un edificio recién construido termine deteriorado— nunca llega. En zonas costeras como Esmeraldas o Caluma, donde la humedad acelera el desgaste, esta falta de mantenimiento es aún más evidente; en algunos casos, ni siquiera existe una unidad judicial propia y el personal trabaja hacinado dentro de instalaciones de la Policía Nacional.
El concurso pendiente que estaría siendo evadido
Uno de los señalamientos más directos de la entrevista tiene que ver con una obligación legal que, según Román, el Consejo estaría postergando. La resolución del 2022 estableció que los jueces anticorrupción debían permanecer únicamente cinco años en el cargo, lo que implicaba que para el 2027 debía convocarse un nuevo concurso público para renovarlos.
Según el expresidente del Consejo, esta nueva medida de reestructuración estaría evitando ese proceso de renovación que la propia normativa ya exigía, dejando abierta la pregunta sobre si se trata de una decisión puramente técnica o de una forma de postergar un compromiso pendiente.
Nuevas categorías jurídicas: el ejemplo del caso Messi
La entrevista también aborda el reto de capacitación que enfrentan los jueces especializados en crimen organizado, quienes deben manejar categorías jurídicas relativamente nuevas dentro del sistema ecuatoriano. Una de ellas es la llamada "ignorancia deliberada", una figura del derecho anglosajón que impide a los responsables de una organización alegar desconocimiento de los hechos para evadir responsabilidad penal.
El Dr. Román recurre a un ejemplo conocido para explicarla: el caso de evasión fiscal de Lionel Messi, quien intentó argumentar que desconocía sus obligaciones tributarias porque era su padre quien gestionaba sus contratos, un argumento que la justicia no aceptó. Este tipo de categorías, señala, requieren una subespecialización que tradicionalmente solo han recibido los jueces anticorrupción, gracias a capacitaciones ofrecidas por organismos internacionales.
La reflexión final: técnica sí, política no
Al cierre de la conversación, nuestro socio el Dr. Román resume su postura sobre cómo debería evaluarse cualquier reforma al sistema judicial: siempre que la decisión responda a criterios técnicos y no exista ningún interés político de por medio. Para el expresidente del Consejo de la Judicatura, el momento en que la justicia se contamina con la política, deja de ser justicia, y es entonces cuando la ciudadanía comienza a desconfiar del sistema.
Esta nota recoge los puntos centrales de una entrevista completa sobre la reestructuración de los jueces especializados en anticorrupción y crimen organizado en Ecuador. Puedes ver la conversación completa en nuestro canal.